Mayor capacidad de maniobra de las mutuas para dar altas

Si entra en vigor, tal y como se pretende, un proyecto de real decreto, de fecha 17 de julio 2013, las mutuas aumentarán su poder de decisión para dar de alta a un trabajador por enfermedad común.

A día de hoy lo hacen en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero el Gobierno tiene previsto darles esta potestad también cuando se trata de una enfermedad común o de un accidente no laboral (el 80% de las empresas ya tienen asegurados estos procesos con las mutuas).

Uno de los artículos del borrador faculta a las mutuas a facilitar el “alta médica presunta” al sexto día de la propuesta dirigida a la inspección médica del servicio público de salud.

Si el inspector no responde en ese tiempo, el silencio administrativo se considerará aprobación, y la mutua podrá comunicar al paciente que está de alta.

Tanto los portavoces de los médicos de familia como los inspectores, lo consideran un “gravísimo error” y un perjuicio para el paciente. José María Morán  vicepresidente de FAISS (Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios) comenta que eso sería como “poner al zorro a cuidar el gallinero”, ya que la mutua tiene mucho interés en reducir el tiempo de baja, considerándolo como una “perversión administrativa” por el perjuicio que esto podría producir.

Además, cree que “se abusa” de la falta de capacidad de respuesta de un sistema de salud muy recortado. Una propuesta de alta de una mutua puede llegar por fax a un administrativo y que el médico esté de viaje, a su vez de baja y sin sustituto, con lo que un paciente con cáncer terminal se puede encontrar al sexto día de alta y sin prestación”. “Se está abriendo la vía a la judicialización”, añade.

Los médicos de familia, que son los que ahora dan las bajas y las altas, también están en contra de la intención del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Las altas tienen que ser confirmadas”.

Por su parte, la patronal de las mutuas, en cambio, cree que si ellas pudieran gestionar todas las altas ahorrarían a la Seguridad Social y a las empresas 6.600 millones de euros, y que desde el punto de vista médico, están cualificadas para hacerlo.

 

Carlos Rodríguez

FUENTE: EL PAIS

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