La Inspección de Trabajo en el ámbito de las comunidades de propietarios

 

Hoy  quisiera  escribir  algo  dirigido a  nuestros  queridos  Administradores  de Fincas.  Desde nuestra área de  asesoría laboral me  gustaría compartir la  respuesta a una pregunta que quizás se hagan algunos presidentes de comunidades o incluso los propios administradores de fincas.

¿Pueden las comunidades de propietarios ser objeto de la Inspección de Trabajo?

Pues sí, aunque no sea lo más común, si la Inspección de Trabajo  aprecia indicios de posibles irregularidades cabe la posibilidad de que se persone y requiera cuanta documentación estime oportuna.

Como ejemplo, cabe destacar que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ya ha realizado campañas requiriendo a las comunidades de propietarios, para que aporten diversa información justificativa de haber dado de alta a los trabajadores que son contratados para realizar las sustituciones de sus trabajadores durante los periodos de vacaciones, libranzas por festivos o por licencia retribuida y situaciones de enfermedad. En dichas campañas también solicitó las altas de los trabajadores que realizaran las actividades de limpieza, en las zonas comunes de los edificios, o de haber contratado esta actividad de limpieza con empresas o profesionales autónomos, copia de los contratos mercantiles.

En éste sentido al parecer consta que, en ocasiones, la Inspección de Trabajo, en relación al encargo de los asuntos corrientes de la comunidad a un administrador, ha solicitado que las comunidades aporten copia del contrato concertado o, en su caso y de no existir éste, acta de la junta de propietarios por la que se decidiera el nombramiento de un administrador. El incumplimiento por parte de las comunidades de dicho requerimiento, puede constituir una infracción administrativa tipificada como grave. No puedo decir que haya tenido ningún caso como éste, pero en otros ámbitos me consta que la Inspección de Trabajo ha llegado a requerir los contratos mercantiles suscritos entre diferentes entidades empresariales.

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Luis M. Camacho